Los linchamientos y sus usos (propagandísticos-políticos)

Publicado: abril 3, 2014 de Demian Paredes en 2014, Actualidad, Debates, FFAA, Juventud, Kirchnerismo, Movimiento Obrero, Peronismo

 

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1.

Desde el caso del joven David Moreyra, asesinado en Rosario, los medios dan cuenta estos días de diversas persecuciones a delincuentes (y no-delincuentes), apaleamientos y linchamientos como el de Rosario. Uno de los últimos casos conocidos fue el de “¡No lo linchen, soy Romano!” (aunque ahora que quedó libre por falta de antecedentes… el actor se queja); y así siguiendo… ¿Qué ocurre? “Simplemente”, que la campaña (cuasi permanente) de los medios de “comunicación” acerca de “la inseguridad” caló hondo, y ahora surgen “vecinos”-“ciudadanos” que pretenden hacer “justicia por mano propia” contra “los delincuentes”. Ya el escritor Hans Magnus Enzensberger a comienzos de la década de 1960 señalaba –en su libro Política y delito– que “El criminal, en el sentido tradicional de la palabra, como sigue vigente en el ejercicio judicial, pertenece al archivo mitológico del presente. Hace tiempo que adoptó los rasgos de una figura retórica. Ocupa un lugar en nuestra fantasía que ya no es compatible con su significación real ni con la de sus actividades y que ya no es justificable por lo efectivo de su existencia.” Y agregaba “Por asombroso y enigmático que siga siendo, ¡cuán apasionadamente nos preocupa y con qué enorme aparato nos aprestamos a atacarle! Goza de una popularidad absurda. De los titulares de nuestros periódicos se deduce que un simple caso de asesinato nos afecta y conmueve más el ánimo que una guerra que tenga lugar a cierta distancia”.

Entonces, propaganda de los medios, que apenas si “arañan” la superficie de los fenómenos sociales (en este caso, diversos casos de robos, mitificándolos –como apunta Enzensberger– como “crímenes”, repitiéndolos hasta el hartazgo, sin ir más allá de las casusas profundas y conexiones de los mismos con otros aspectos de la realidad), para culpar a individuos, sin más… Se fomenta así una guerra de sectores medios contra populares, y hasta de trabajadores contra sectores más pobres y marginales.

2.

Lo que oculta toda la parafernalia mediática es que, esencialmente, el grueso, la mayoría de los grandes crímenes y robos ocurren gracias a la complicidad de la policía y demás fuerzas represivas del Estado (y de los propios políticos y funcionarios): redes de personas, desarmaderos, secuestros, tráfico de drogas, piratas del asfalto; todo esto sucede gracias a la acción (u omisión), más o menos solapada, del Estado; imposible cometer los grandes delitos sin contar con la “infraestructura”, aparatos y medios para poder cometerlos. (Y ahí tenemos el triste y elocuente caso del joven Luciano Arruga, desaparecido por la policía al negarse a robar para ésta…). Estado y (redes de) criminalidad van de la mano; en Argentina y en el mundo, y desde hace largos años. Es algo consustancial al capitalismo, a su normal funcionamiento.

3.

La campaña mediática y su “tratamiento” sobre “robos, crímenes y linchamientos” abrió el debate entre el gobierno y la oposición burguesa-patronal: desde las posiciones más derechistas-“anti-garantistas” como las de Massa y Macri, la del ex intendente (el gaucho cristiano) Ishii (“La última carta que le queda a la gente es defenderse”), hasta las del gobierno nacional, junto a su “ala izquierda” –además de la posición “social” y “pro-instituciones estatales” de la Iglesia– y miembros de la Corte Suprema.

Ahora bien, si hay pobres y excluidos, como admite Capitanich, tenemos acá una primera muestra del fracaso del kirchnerismo, ya que más de una década de “crecimiento a tasas chinas” no revirtieron la situación de pobreza estructural, de los “bolsones de pobreza” provenientes de la anterior década neoliberal; cuestión que al mismo tiempo permite que las bandas delictivas –regenteadas por narcos, policías y militares (cuando no son todo esto la misma cosa)– se desarrollen. Perverso doble resultado que ningún discurso “progre”, de “ayudas sociales” del Estado y demás “planes asistenciales” puede tapar: hay pobreza y hay delincuencia. (Resta ver cómo se agudizará la situación de precariedad y pobreza entre los trabajadores y sectores populares gracias a la devaluación kirchnerista de comienzos de año, y la inflación  y tarifazos, en el marco del ortodoxo plan de “enfriar” la economía…)

4.

Al mismo tiempo, más allá de todos los matices del debate entre los políticos patronales, todos acuerdan en una cosa: el monopolio de la fuerza y la violencia pertenece al Estado.

Esta es una legitimación clasista unánime entre los discursos que proliferan, no en pos de alguna “lucha contra la delincuencia” sino por fortalecer el aparato represivo. El mismo ministro de seguridad K Berni, dijo: “La sociedad está cansada de ver cómo los delincuentes entran y salen de la comisaría porque la justicia no puede o no quiere hacer su papel”. Así culpa al poder judicial, permitiendo al mismo tiempo que se discutan (hacia la derecha, por supuesto) nuevas leyes y reglas punitorias-represivas. (Cabe recordarse que Berni acusó a Christian Castillo y Nicolás del Caño, diputados del PTS y el FIT como “diputados piqueteros”, en un claro intento de demonización y criminalización.)

Y atenti, que cuando decimos legitimación clasista quiere decir: no sólo leña y cárcel a los pobres (a los que tomen tierras, casas, etc.), sino a los sectores de trabajadores que ocupen fábricas, se movilicen y hagan huelgas y piquetes. Por algo el discurso K de los últimos días, referido al paro del 10 de abril, dice que “le complica la vida a la gente” (¿dónde están los análisis semiológicos de 6, 7, 8?). Todos, Randazzo, Urribarri et al despotrican por estos días, con este lenguaje digno de LaNación, Clarín y “la corpo” (los sindicalistas, obreros y piqueteros contra “la gente”), contra “la violencia” del paro nacional –que indudablemente será fuerte, y activo, más allá de la dirección de la burocracia sindical, en las bases obreras, por el deterioro económico del salario por la inflación–, y seguramente este posicionamiento de los K, desde la discusión de los linchamientos (contra la “justicia por mano propia”, y por la legitimidad del monopolio de la violencia estatal), tiene que ser desde ahora combatido política e ideológicamente por la izquierda, los sectores clasistas y combativos del movimiento obrero y por los sectores de DDHH no comprometidos con el gobierno.

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